La intensa actividad del comercio marítimo desarrollada en la zona del Estrecho de Gibraltar, espacio geográfico en el que, con el paso del tiempo, se establecieron diversas potencias, generalmente enfrentadas: musulmanes, castellanos, portugueses e ingleses, provocó la aparición de instituciones destinadas a atacar y debilitar a los contrarios.
En ese contexto hay que entender la existencia de la piratería y del corso, la segunda de ellas amparada por la legalidad de los Estados y que en ciertos momentos constituyeron un método de guerra y una forma de vida para los habitantes de las ciudades del litoral.
Uno de los momentos más álgidos de la actividad corsaria en la zona del Estrecho tuvo lugar a lo largo del siglo XVIII, cuando la presencia de los ingleses en Gibraltar vino a sustituir la tradicional amenaza del corso berberisco que tantos quebraderos de cabeza había ocasionado a los Estados cristianos, sobre todo a Aragón y Castilla, en los siglos XVI y XVII. Para realizar la actividad corsaria con el respaldo legal del Estado, los corsarios debían poseer un documento o patente de corso otorgado por las autoridades que les autorizaba a atacar a barcos mercantes de las naciones enemigas y de sus aliados y apoderarse de las mercancías que portaran.
Los puertos del Estrecho eran focos de corsarios muy temidos por los británicos y sus aliados. Desde Algeciras y Tarifa se mantenía, en tiempos de guerra, una constante vigilancia sobre las aguas cercanas a Gibraltar con el objeto de sorprender a los buques ingleses o de sus aliados que iban a comerciar o a abastecer la plaza.
Los puertos de Algeciras y Tarifa, este por su privilegiada situación en pleno Estrecho, fueron las bases más activas de los corsarios que actuaron en la zona durante todo el siglo XVIII y primeros años del XIX. Desde la firma del Tratado de Sevilla en 1729 entre España e Inglaterra, las relaciones entre las dos potencias marítimas vivieron un período de paz, lo que no fue óbice para que las actuaciones de los corsarios se sucedieran, sobre todo porque los barcos ingleses continuaban ejerciendo el contrabando con las colonias españolas de América. Pero los enfrentamientos se intensificaron a partir del año 1739 y en esa pugna intervendrán de manera muy activa los corsarios establecidos en Tarifa y Algeciras. Las actividades de estos corsarios estuvieron reglamentadas por las ordenanzas elaboradas por la Real Armada en los años 1747 y 1751 y, sobre todo, por la Ordenanza de Corso de 20 de junio de 1801.
Todo navío con base en estos dos puertos, para poder obtener la “patente de corso”, debía elevar la correspondiente solicitud al Comandante General del Campo de Gibraltar, previo pago de una fianza consistente (según la Ordenanza de 1801) en 60.000 reales de vellón. Esta fianza garantizaba que el navío con la licencia de corso no atacaría a barcos de su propia nación o de naciones neutrales que estuvieran en paz con España.
Concedida la patente, se procedía a armar la embarcación corsaria y dotarla de tripulación. De las presas obtenidas, y una vez efectuada su venta, la tripulación recibía las tres quintas partes y la oficialidad los dos quintos restantes.
De acuerdo con lo expresado por el profesor Ocaña, los corsarios particulares españoles que actuaron en las aguas del Estrecho eran en su mayoría miembros de la pequeña burguesía mercantil local, propietarios, a veces, de embarcaciones de escaso tonelaje dedicadas al transporte de materias primas o mercancías entre los diversos núcleos de población costeros. Cuando las condiciones de conflicto internacional lo permitían, se constituían en empresas corsarias y pasaban a ser de honrados comerciantes a no menos honrados corsarios.
Como ejemplo basta citar un documento conservado en el Archivo de Protocolos Notariales de Algeciras, del año 1743, que se refiere a un tal Manuel Navarro, vecino de la ciudad, que habitualmente empleaba su tiempo dedicándose al transporte de mercancías para el abastecimiento de Ceuta con su barco Nª Sª de la Concepción y Señor San Joaquín, de dos mil quintales, y que en ese año solicitó al Intendente General de la Marina de Cádiz permiso para armar en corso su barco con el siguiente armamento: seis cañones, doce pedreros, doce esmeriles, treinta fusiles con sus bayonetas, treinta sables, treinta pares de pistolas, veinte chuzos y cuarenta y ocho frascos de fuego para una tripulación de cuarenta hombres.
Entre las embarcaciones que hacían el corso desde el puerto de Algeciras, se encontraban las famosas lanchas cañoneras que tan importante función desempeñaron en el transcurso del Gran Asedio a Gibraltar de 1779 a 1783. De ordinario, estas lanchas se apostaban en la ensenada de Getares, desde donde, dotadas de una gran vela latina, salían a gran velocidad cuando avistaban algún buque con bandera enemiga. Cuando alguna fragata británica de las que se hallaban en el puerto de Gibraltar las hostigaba con sus disparos, procuraban ponerse bajo la protección de las baterías de costa de los fuertes de la Isla Verde o San García, a la espera de que el navío inglés se alejara de las aguas españolas. Estas lanchas corsarias, dotadas de un solo cañón en la proa, eran muy bajas de borda y maniobraban, cuando hacía buen tiempo, con tanta maestría que podían acosar a un buque enemigo de gran porte sin que éste las atinara con sus disparos.
Entre las abundantes noticias de comerciantes de Levante que estaban establecidos en Algeciras y compraban o vendían embarcaciones o hacían escrituras para realizar negocios marítimos, que se encuentran en el Archivo de Protocolos Notariales, podemos citar algunos casos, como el de tres vecinos de Algeciras, José Pol, Pedro Pablo Prats y Onofre Canales, los dos primeros naturales de Cataluña.
El citado documento refiere que en 1743 “han construido un jabeque, encontrándose en posesión de la Real Patente de Corso, han pagado la fianza estipulada y reclutado la tripulación, como paso previo antes de inscribir ante notario la empresa para andar…, a corso y hacer la buena guerra contra las armas enemigas de esta Corona y no faltar en nada a las reglas del buen corso”. De ordinario, los jabeques corsarios no actuaban en solitario sino formando flotillas, como lo hacían los navíos de nombre Ave María y Santo Cristo de la Eulalia y los Cuatro Santos de Cartagena, el primero de ellos mandado por Juan Cabanillas con una tripulación compuesta por marinos de Cartagena y de Mallorca. El Santo Cristo, del que era armador un comerciante vecino de Cádiz, llamado don Juan de Apaolaza, estaba mandado por un tal Guillermo Mayol.
Entre los años 1739 y 1748 fueron asaltados en aguas del Estrecho y conducidos al puerto de Algeciras 44 buques, la mayor parte de ellos de bandera inglesa o de Holanda, aunque también se capturaron algunos navíos que iban a comerciar a Gibraltar o con destino a puertos italianos de nacionalidad francesa, portuguesa, sueca y danesa. Los barcos corsarios con base en el puerto de Algeciras documentados, en el mismo período de tiempo, en el Archivo de Protocolos Notariales, alcanzaban el número de 30, con una tripulación media de 23 a 40 marineros.
En la última década del siglo XVIII fueron famosos los faluchos corsarios de Tarifa San Antonio y Animas, del que era armador el vecino Santiago Derqui, el San José y Animas, cuyo armador era Francisco Valdés y el San Joaquín y Santa Ana, cuyo armador era José María de los Santos. El falucho corsario Nuestro Señor Jesús y Ánimas zarpó de Tarifa el 21 de agosto de 1801 para patrullar las aguas cercanas Gibraltar. Estando a dos leguas de la Isla de Tarifa, en pleno Estrecho, atacó a un bergantín con bandera de Estados Unidos, y por tanto neutral, de nombre Friends of Aventure, pero que despertó los recelos del capitán corsario que creyó que se trataba de un buque inglés camuflado. El navío americano fue apresado y conducido a Tarifa y, desde allí, a Algeciras, aunque en el trayecto logró escapar de su captores y continuar su viaje hacia el Mediterráneo.
Según M. Quero Olivan, muchas patentes de corso eran expedidas por el gobierno francés, saliendo numerosos faluchos corsarios tarifeños bajo bandera de esa nación. Un ejemplo de ello es un comunicado donde consta el apresamiento, en octubre de 1796, frente a la Isla del Perejil por el corsario francés La Virgen de la Luz del paquebote sueco denominado Parronis con carga de cueros, azúcar, cacao, melaza y pimienta con destino a Nápoles.
En el Archivo Histórico Nacional se conserva un documento del 3 de mayo de 1799 que se refiere a una Real Orden que recibió el Comandante General del Apostadero de Algeciras por la que el rey concedía a los buques de este puerto el disfrute de las gracias contenidas en las Reales Ordenanzas de 3 y 27 de febrero del mismo año, a favor de los corsarios. Además reconocía como legales las tres presas que barcos de Algeciras habían hecho de navíos enemigos, a pesar de haber sido efectuadas antes de recibir dichos barcos la patente de corso.
De lo expuesto se extrae que el puerto de Algeciras, carente aún de cualquier tipo de infraestructuras (muelles, espigones, dársenas, etc…) se había transformado, en el último tercio del siglo XVIII, en un activo puerto, base de la Armada Española y Francesa en tiempos de guerra y de una flota de jabeques, faluchos, lanchas y barcas corsarias, que dieron un auge inusitado a la ciudad, generando un activo comercio centrado en el corso, el comercio legal con Gibraltar y Ceuta y el contrabando.
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